Redacción.
Sergio Segrestre Ríos y Arturo de Jesús Peimbert Calvo comparten no solamente una aspiración en común buscando ser titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sino también un pasado y un compromiso férreo con los grupos de poder que han gobernado a sangre y fuego en Oaxaca.
El primero de ellos presidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (CEDH) haciendo oídos sordos de las quejas y violaciones que en materia de justicia y derechos humanos se cometieron desde el gobierno del estado para acallar la creciente inconformidad popular. Luego de dejar este cargo asumió la deshonrosa función de Secretario al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana (SEPROCI, actualmente Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca) asumiendo el mando del aparato represivo del gobierno estatal y estando al frente de operativos sanguinolentos como el de la Guelaguetza de 2007, entre otros.
El segundo, quien llegó al gobierno del estado con el gabinismo y fue impuesto al frente de la naciente Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ostentando el cargo de Defensor, se mantuvo siempre ausente del mismo, lejos de tierras oaxaqueñas, centrado en su vida llena de frivolidades y lujos “totalmente palacio”, haciendo terribles actos de omisión desde su mandato, permitiendo con ello profundizar graves violaciones a derechos humanos.
No es gratuito que se le llamara instrumento servil y personero del viejo estado, por su actitud sumisa y lacayuna ante los dos gobernadores que debió increpar y reclamar recomendaciones para la reparación integral del daño de las víctimas que por todo el estado se registraron durante su periodo.
De Peimbert diversas organizaciones defensoras, democráticas, sindicales y populares reclamaron su destitución, particularmente tras su llamado a militarizar el Istmo so pretexto de la inseguridad tras los sismos de 2017.
En ese sentido, las y los desplazados Triquis de San Miguel Copala podemos manifestar con conocimiento de causa que ninguno de estos personajes que hoy se postulan para ocupar el cargo de Ombudsman al frente de la CNDH pueden garantizar la defensa de los derechos humanos de forma ética, apegada a la verdad y al derecho de las víctimas.
Segreste y Peimbert, como titulares del organismo local en sus respectivos periodos conocieron de la violencia que se vive en la región Triqui en manos de paramilitares y sicarios al servicio del latifundio, disfrazado de diversas maneras pero cuyo objetivo ha sido siempre el control político, administrativo y económico de la región, así como de la tenencia de la tierra, manteniendo un implacable régimen de terror y servidumbre en contra de comunidades enteras.
Esta violencia ha generado el desplazamiento interno, como desplazamiento forzado de miles de personas, provenientes de familias de campesinos pobres del pueblo Triqui, los casos más notorios son los de San Miguel y San Juan Copala, respectivamente.
Segrestre durante su periodo, se negó a documentar la situación, justificándose en las limitaciones de la Ley orgánica de la entonces CEDH, pero actuando de conformidad al mandato que su amo el gobernador le dictaba.
Peimbert durante su periodo documentó la situación (a más de seis años del desplazamiento interno), limitándose a emitir medidas cautelares que en el mejor de los casos llaman a “evitar la continuidad o consumación de violaciones irreparables a los derechos humanos”.
Relativo al desplazamiento interno de los Triquis de San Miguel y San Juan Copala, Segrestre volteó la mirada hacia otro lado, mientras que Peimbert -además de actuar bajo la máxima divide y vencerás- sirvió como policía del viejo estado quitando plantones y coaccionando para desmovilizar.
Segrestre desde la CEDH y la SEPROCI, fue el mejor de los lacayos del Tirano Ulises Ruiz Ortiz en su guerra contra el pueblo.
Peimbert desde la DDHPO no quiso quedarse atrás y fue más allá, gritando viva el rey durante el gobierno de Gabino Cué
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