Oaxaca está colapsando por la tercera ola de Covid-19, la ocupación hospitalaria es del 68.6%, hemos llegado a 55 mil 456 casos positivos y 4 mil 167 decesos, somos además, el segundo estado con más menores de 5 años fallecidos por este virus (23) y, como efecto colateral, los hospitales no aceptan a enfermos por otras causas, aunque éstas sean de gravedad.
A la vez, se complica el entorno social. Hemos presenciado en la capital, el desalojo de vendedores ambulantes y la petición del comercio establecido que ese retiro sea permanente; manifestaciones de locatarios de mercados contra la creación del Centro Gastronómico; marchas de organizaciones que denunciamos falta de solución en obras y servicios. Además, bloqueos y conflictos armados en las regiones del Istmo, la Mixteca y la Costa.
En el contexto actual, la gente se exaspera por la falta de atención médica y de trabajo y, sobre todo, porque a sus legítimas peticiones, el gobierno responde con menosprecio, acostumbrado a que los demandantes se conformen con promesas. Solo que la realidad ya no acepta esa política. Así lo demuestran los conflictos aún activos, como el de los desplazados de Tierra Blanca, Juxtlahuaca, que fueron atacados con armas de fuego en su bloqueo en la capital, cuyo regreso a su comunidad evitaron grupos de poder de su municipio; y el bloqueo de la carretera transísmica por habitantes de San Juan Mazatlán, Mixes, en el que ante la inoperatividad del gobierno, pobladores de comunidades cercanas, bloquearon a los bloqueadores.
El Estado está renunciando a garantizar la seguridad al trasladar a la sociedad la responsabilidad de lidiar con quienes bloquean, permitiendo así que los asuntos públicos sean determinados por los juicios de quienes encabecen estos actos. No se desactivan los bloqueos a la espera de que la inconformidad estalle y los pobladores retiren, por cuenta propia y con la fuerza, a los manifestantes, que atemorizados desistirán de su demanda. Al final, los problemas que originaron la inconformidad y los bloqueos, quedan sin resolver.
Se suman a esta peligrosa actitud gubernamental, varios medios de información que aplauden irresponsablemente a la “sociedad civil que ha decidido defenderse de estos criminales”, desalojándolos. Sin informar como corresponde a su labor periodística, si las demandas son legítimas o no, si los líderes son “delincuentes” o “chantajistas” y si hay pruebas de ello, sin aclarar si el gobierno ha ofrecido una solución real a los ciudadanos, exhibiendo de ser necesario, los “oscuros” intereses de quienes encabezan los conflictos. Unilateralmente se descalifica a las manifestaciones sin demostrar su falta de legitimidad, eximiendo al gobierno de su responsabilidad de resolver estos conflictos y alentando la violencia.
Por ello es necesario comprender a plenitud las herramientas conque contamos para encausar nuestras demandas y defendernos de los abusos de las autoridades. La Constitución de 1857, incluyó por primera vez, los derechos fundamentales de los mexicanos y el Juicio de Amparo como herramienta de protección a éstos, dejando al Poder Legislativo la tarea de establecer los límites de su legislación. Los liberales de la Reforma, conscientes de las limitaciones de esta institución jurídica, que deja a los ciudadanos humildes a merced del poder de los gobernantes, nos brindaron el derecho a la organización, petición y manifestación, para combatir con la fuerza social que se sustenta en nuestro número, a la tiranía de los que hacen las leyes y las aplican.
Al final de la revolución mexicana, la Constitución que nos rige, la de 1917, no amplió el ámbito de protección del Juicio de Amparo ni creó otras herramientas para salvaguardar su integridad constitucional. Por otro lado, se instauró un sistema político que se concebía como la Revolución hecha gobierno, como la culminación de los anhelos del pueblo que participó en ella. Y para hacer más efectivo el control, se organizaron los sectores campesino y obrero en la CNC y la CTM, en su papel de plataformas políticas de los gobernantes. Por su parte, las expresiones organizativas que se refugiaron en eso que hoy se llama “Izquierda”, terminaron compitiendo por el poder desde la oposición, al frente de algunos sectores populares. Su marginalidad y carácter local, hablan de su poco éxito en la tarea de encausar las demandas legítimas de las masas empobrecidas de nuestro país.
Es decir, el instrumento constitucional que es la Organización y su facultad para aglutinar a sectores relegados, hacer peticiones a su nombre y llevarlos a exigir sus derechos no atendidos, fue secuestrado desde el principio por los poderosos y sus competidores, convirtiéndolo en un instrumento a su servicio, como mecanismo de control de las masas populares. Pero esta desviación de su función, no descalifica su importante papel, demuestra por el contrario, que es necesario que se rescate y se ponga al servicio de la sociedad indefensa.
La experiencia de 47 años del Movimiento Antorchista y sobre todo, la amplitud de nuestra influencia, sustentada en inigualables resultados en los más variados sectores sociales, que van desde la gestión de obras y servicios, pasando por el terreno educativo, hasta llegar a la cultura y el deporte, nos permiten decir que la organización es un instrumento, que puesto verdaderamente en las manos de la sociedad, puede defender de manera exitosa nuestros derechos constitucionales.
En esta crisis generalizada, no solo sufren las capas populares, sino también amplios sectores medios y acomodados. Y estos deberán entender que ya no se resolverán sus problemas con base en su amistad con los gobernantes en turno, por su proximidad o afinidad económica; que en el contexto de la pandemia se ajustan los recursos del erario, y que la dinámica de los partidos de nuestro sistema en descomposición, genera una clase política que está preocupada únicamente del lugar que jugará en los puestos y las candidaturas que se avecinan.
La consecuencia no tan lógica, pero necesaria, es que todos los sectores relegados, entablemos un combate decidido contra la dispersión y la segregación que brota en ocasiones de nuestros legítimos intereses, que parecen oponerse o competir en alguna medida. Porque la política de contención de los gobernantes se podrá solo enfrentar con éxito, si buscamos puntos de coincidencia y si buscamos la forma de que todos resolvamos de alguna manera nuestras necesidades, coexistiendo sobre la base de la equidad.
El inminente colapso sanitario, económico y social que enfrentamos indefensos, nos dice que confiar en los actuales gobiernos federal, estatal y municipal, es un suicido político. Dura realidad, pero realidad al fin.
RICO Red de Información Ciudadana en Oaxaca 